Lima, 4 nov (EFE).- El juicio por la matanza de 69 personas en la localidad peruana de Accomarca en 1985 comenzó hoy con el pedido de justicia de los familiares de las víctimas, mientras en las cercanías un grupo de licenciados del Ejército exigía la liberación de los soldados rasos implicados en el caso.
El proceso se inició en la sala especial del penal limeño de Lurigancho, en el este de la capital, sin la presencia de uno de sus principales responsables, el ex mayor del Ejército Telmo Hurtado, detenido y en proceso de extradición desde Estados Unidos.
La abogada de los deudos, Karín Ninaquispe declaró a los periodistas que espera que la sala encargada del juicio "actúe a la altura de las circunstancias, que sea imparcial y justa".
"Accomarca no sólo es sinónimo de impunidad sino de la crueldad con que actuaron los militares que ingresaron a la zona; estamos hablando de 20 niños desde los 3 meses de nacidos, de mujeres embarazadas (entre las víctimas)", remarcó la abogada.
Ninaquispe dijo que los militares actuaron en ese lugar con "una gran insania" y expresó su certeza de que Hurtado también será procesado por esta matanza.
"Hay una orden de extradición y ha sido declarado improcedente su hábeas corpus; por lo tanto, debe ser entregado a las autoridades peruanas. Creemos que es sólo cuestión de tiempo", indicó.
El llamado "Carnicero de los Andes" lleva prófugo de la justicia peruana desde 2002 y vive en una casa de 1,4 millones de dólares en Miami, pese a que debe pagar aún 37 millones de reparación a las víctimas, según informaron la pasada semana varios medios estadounidenses y peruanos.
La abogada también manifestó su disconformidad con las penas de 25 años de prisión que ha pedido la fiscalía y remarcó que los familiares piden "un mínimo de 35 años" para los acusados.
El inicio del juicio por este caso emblemático también fue considerado "importante" por la abogada Gloria Cano, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).
"Lo ideal sería iniciarlo con la presencia de Telmo Hurtado, pero sabemos que a la mayoría de sus jefes les conviene su ausencia. Acá lo que hay que saber es si este caso estuvo enmarcado o no dentro de un plan aprobado desde la base militar de 'Los Cabitos'" en Ayacucho, explicó a Efe la representante de Aprodeh.
Al inicio del juicio acudieron decenas de familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos, así como ex militares afiliados a un grupo de reservistas del Ejército.
Estas personas mostraron carteles en los que pedían "Libertad a los artífices de la pacificación", "Libertad a los héroes de la pacificación" y les daban "Gracias por darnos la paz".
Al respecto, el abogado Hugo Robles, defensor de dos de los ex soldados rasos procesados, declaró al canal N de la televisión local que los licenciados llegaron hasta el penal para "apoyar a sus camaradas de armas".
Robles, quien dijo ser un coronel en retiro del Ejército, subrayó que los peruanos no deben olvidar que la paz y la democracia que tienen ahora "es gracias a estos jóvenes".
"En forma específica y puntual reclamamos por esos jóvenes que dentro de un régimen militar defendieron a su patria y no tenían ningún mando, porque el soldado sólo cumple con lo que ordena el jefe de patrulla y hay que ver que estas fueron operaciones planificadas", resaltó.
El juicio, que continuará el próximo 18 de noviembre, se abrió el mismo día en que se puso la primera piedra del Lugar de la Memoria, un recinto en homenaje a las víctimas de los años de la guerra interna que dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000 en Perú. EFE.
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FUENTE: http://noticias.latino.msn.com/internacionales/articulos.aspx?cp-documentid=26227767
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